Nosotros, los 400 participantes de varios países europeos reunidos en el primer Congreso Europeo sobre Vida Independiente, celebrado en Tenerife en el marco de 2003 como Año Europeo de la Discapacidad, requerimos que el Gobierno Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, tomen las riendas y aboguen por la aplicación de este Manifiesto en la política de la Unión Europea, específicamente en el trabajo sobre la Directiva de No Discriminación hacia las Personas con Discapacidad y el Plan de Acción Europeo de Personas con Discapacidad.
Principios de Vida Independiente
Nosotros, las personas con discapacidad, debemos contar con los medios para responsabilizarnos de nuestra propia vida y acciones, al igual que las personas sin discapacidad. La mayor parte de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad no son médicos, sino sociales, económicos y políticos.
Tras una historia de marginación y exclusión, las personas con discapacidad demandamos AHORA, el derecho a elegir cómo vivir nuestras vidas en esta sociedad. Demandamos las mismas oportunidades y capacidad de elección, así como el mismo grado de control y orientación sobre nuestra vida diaria, hechos que las personas sin discapacidad tienen garantizados.
Nuestra participación plena e igualitaria en la sociedad, nos permitirá alcanzar las máximas posibilidades como seres humanos y de esta manera, contribuir a la vida social y económica de nuestra comunidad. Históricamente ésta participación nos ha sido negada.
Las personas con discapacidad deben ser apreciadas como expertos en sus propias vidas. Como tales, tenemos el derecho y la responsabilidad de hablar en nuestro nombre. En este sentido, las personas con discapacidad necesitan dirigir sus propias organizaciones.
La Vida Independiente es un derecho humano fundamental para todas las personas con discapacidad, independientemente de la naturaleza y alcance de su deficiencia. Se incluye aquí a las personas con problemas de aprendizaje, usuarios y supervivientes de los sistemas de salud mental, niños con discapacidad y personas mayores. Toda vida y su diversidad debe ser valorada. Todo ser humano debe tener el derecho de elección en los temas que afecten a su vida.
Afirmamos
Las necesidades de las personas con discapacidad deben tenerse en cuenta en todas las actividades del sector público, tales como la planificación de infraestructuras, la educación, el transporte, las medidas de empleo y otros servicios a través del Diseño para Todos o Universal y el Diseño Inclusivo. La aplicación y diseño de los servicios debe seguir los principios de Vida Independiente y centrarse en las necesidades individuales de cada persona.
La asistencia personal permite a las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, y con otros tipos de discapacidad, dirigir sus propias vidas en nuestra sociedad, permitiendo una plena participación en todas las actividades humanas. Estas actividades incluyen entre otras, la posibilidad de tener hijos, sexualidad, educación, empleo, desarrollo humano y ambiental, ocio, cultura y política.
Las personas con discapacidad deben tener control sobre los servicios relacionados con la discapacidad y la vida independiente. Estos servicios incluyen la financiación pública, defensa de derechos, formación y apoyo, para quienes no puedan o no quieran tener el control completo de sus vidas.
Es inaceptable que los ciudadanos europeos con discapacidad, sean recluidos en instituciones por falta de alternativas adecuadas de vida independiente en su comunidad.
Subrayamos que los servicios de apoyo de Vida Independiente, son esenciales para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus libertades básicas y deben ser financiadas por todos los Gobiernos. Nosotros, personas con discapacidad de toda Europa, no aceptamos limitaciones en la financiación de nuestras libertades básicas. Si fuese necesario, estamos dispuestos a debatir en profundidad las tradicionales argumentaciones sobre la escasez de recursos.
Unión Europea
Instamos a la Unión Europea (UE) a que continúe ampliando las políticas de derechos humanos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a través de la libertad de elección y una mayor calidad de los servicios.
Condenamos cualquier tipo de segregación e institucionalización como violaciones de nuestros derechos humanos. Los Gobiernos deben aplicar y reforzar la legislación que protege los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Instamos a la UE a que adopte medidas que garanticen y den prioridad a las soluciones basadas en la integración en la comunidad, ante otras basadas en la institucionalización, en el ámbito de los servicios de apoyo para las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad deben tener la opción de convertir los servicios de apoyo relacionados con la discapacidad que se reciben en especie hoy en día, en el montante equivalente de pago directo.
De acuerdo con el Tratado de Roma, demandamos que los Gobiernos de la UE adopten un nivel mínimo de pago directo, destinado a servicios de asistencia personal en todos los países de la UE, con el fin de promover la libertad de movimiento. Además, las necesidades de las personas con discapacidad deben ser íntegramente tenidas en consideración en la promoción de estándares de interoperabilidad de bienes y servicios entre Estados.
Requerimos a la UE que exija que los gobiernos financien el desarrollo y apoyo de organizaciones dirigidas y gestionadas por personas con discapacidad a fin de promover la Vida Independiente.
Demandamos finalmente que la UE adopte las medidas necesarias para prevenir la discriminación de las personas con discapacidad en futuros avances de la genética, la ciencia y la tecnología.
Arona, Tenerife,
26 de abril de 2003